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Cobrar por empadronar no es más que otra de las numerosas estafas a las que son sometidas personas de colectivos vulnerables. Se suelen cobrar importes que oscilan desde los 50 euros a mensualidades más elevadas de unos 80. Desde varias organizaciones estamos tratando de frenar este fenómeno, pero las autoridades más preocupadas por sus pactos y componendas no son conocedores de este tipo de problemáticas.
Una solución es poder reportar a los servicios sociales estas situaciones y supuestamente existe un protocolo de actuación en Sant Cugat, pero la realidad es que ha fracasado por el colapso de los servicios sociales; algo que hemos constatado en primera persona realizando acompañamientos a personas que han acudido a nosotros en busca de ayuda.
Nuestra sugerencia para ser más eficientes es crear un lugar de empadronamiento municipal centralizado donde se puedan acoger a las personas que aunque viven en la ciudad no pueden acceder a su derecho básico. Este modelo se está aplicando en otras ciudades en una campaña iniciada por la ONG Papeles para Todos y que beneficia a toda la ciudadanía en riesgo de exclusión independientemente de su origen.
DIMITRI DEFRANC és responsable de comunicacions de l'ONG Vallès Sense Fronteres
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