Dormire coi pesci

Aldo Ciprian

Publicat: el 9/feb/14
Opinió| Columnes

Esta curiosa frase se hizo famosa en la película El Padrino, donde se exponía la denodada tradición que tenían los mafiosos de ocultar los cadáveres de sus rivales en el fondo de los ríos y mares próximos junto con una voluminosa prótesis de cemento.

Pues bien resulta ahora que a los convergentes de nuestro municipio les están saliendo a flote, 20 años después, los cadáveres que tanto se han preocupado en esconder (no será por falta de cemento).

A mediados del año pasado salía una sentencia, actualmente en proceso de casación, en la que se decretaba el pago de una considerable suma por la fraudulenta gestión de varias obras municipales por parte del equipo de gobierno del exalcalde Aymerich (CDC) durante la implantación de la empresa Böhringer en Sant Cugat del Vallés a finales de los 80. Esta información fue denunciada por nuestra agrupación local de C's y fue motivo de una pregunta en el pleno del pasado mes de septiembre sin que se nos respondiera ni facilitara la sentencia en el que el ayuntamiento y, por tanto, todos los santcugatenses son responsables subsidiarios del delito.

Este mismo año 2013, escándalos de espionajes aparte, se confirmaba la inclusión de la concesión de la obras de remodelación del pabellón municipal de Sant Cugat ( 4 millones de euros) en el caso Palau de cobro de comisiones ilegales por parte de CDC a través de su fundación Trias Fargas; en esta ocasión el equipo de gobierno investigado era el del Sr. Recoder y su teniente alcalde de urbanismo, Sra. Conesa (hoy alcaldesa de Sant Cugat) ambos pertenecientes a la agrupación local de CDC.

Es ley de vida que las chapuzas, al final, siempre se acaban destapando. Hace escasamente unos días se conocía imputación por presunta prevaricación del Sr. Aymerich y cuatro de sus altos cargos de urbanismo de la época, en la supuesta concesión fraudulenta de parcelas de Can Matas a la misma empresa Böhringer que se ha saldado con una fianza de 5,5 millones de euros y en la que el ayuntamiento sigue siendo responsable subsidiario del delito. Esta gestión dolosa significó para la empresa alemana, según el auto de procesamiento, un ahorro de casi medio millón de euros (de la época) y un sobrecoste a los propietarios de 3,3 millones de euros mediante un polémico Proyecto de Reparcelación aprobado por el pleno municipal; posteriormente, el Proyecto de Reparcelación, fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por falta de un estudio de viabilidad económico-financiero del proyecto. Una auténtica chapuza.
A cambio de todo esto, presuntamente, se producían una serie de pagos diferidos a empresas privadas y/o a familiares cercanos al equipo de gobierno. Un sistema de cobro que tantas veces nos han detallado los medios en varios y recientes procesos de malversación del erario público y prevaricación.

Pero cuando resumimos el coste total para los contribuyentes de las acciones fraudulentas de nuestros políticos cometemos siempre el error de sumar las cantidades que dictaminan los autos procesales. Sin embargo esto no es así.
Una empresa que paga una “mordida” a su cómplice calcula siempre su propio beneficio que no suele ser inferior a n veces el coste de la donación. Es decir: si el coste de la colaboración es de, supongamos un 4% de la operación, ¿Cuánto realmente se ha ahorrado la empresa licitante y cuanto de más se ha pagado con el dinero público?
Si ahora multiplicamos las cantidades por los numerosos casos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias… las cantidades pueden ser bastante superiores a las realmente denunciadas.

La respuesta del consistorio ante tal avalancha de irregularidades y más que certeras sentencias desfavorables a los intereses convergentes ha sido la mesura y moderación ante la opinión pública mientras, por detrás, se siguen gastando decenas de miles de euros en contratar, desde hace ya lustros, los mejores despachos de abogados de Barcelona. Y pregunto: este dinero para la defensa de las irregularidades convergentes, ¿sale también de las arcas municipales?

Sea cual sea el fallo de la sentencia, los autores deberán acatar responsablemente lo que la Justicia decida para ellos y, en su defecto, para el partido que, presuntamente, se lucró con las gestiones fuera de la ley de los mismos. Convergencia debe ser necesariamente el responsable subsidiario de las cargas y penas que una sentencia dicte contra sus cargos, y nunca el conjunto de los ciudadanos a través de las arcas públicas del ayuntamiento de Sant Cugat.

ALDO CIPRIAN és membre de Ciutadans Sant Cugat