En Valldoreix crece el cansancio y la indignación ante lo que muchos vecinos perciben como un doble rasero cada vez más evidente por parte del gobierno de izquierdas. Mientras cargos públicos dedican tiempo y recursos a fotografiar comercios de la estación, restaurantes, pequeños negocios e incluso las basuras de la propia iglesia —todo ello bajo la excusa de un supuesto “mal reciclaje”—, se mira hacia otro lado ante problemas reales y graves que afectan a la convivencia. La okupación ilegal de la Avinguda Vall d’Or, documentada con fotografías y con un comunicado firmado por 108 vecinos, no ha recibido ni una sola acción contundente, ni una sola inspección, ni una sola foto oficial.
Resulta profundamente llamativo que se fiscalice con tanto celo precisamente a quienes trabajan, pagan impuestos y sostienen la economía local, mientras quienes vulneran la ley disfrutan de una condescendencia incomprensible. Los okupas no pagan la tasa de basura, sacan bolsas sin control a la vía pública, realizan obras sin licencia y convierten el jardín en un espacio insalubre… y aun así el gobierno mantiene un silencio administrativo que roza la complicidad. ¿Por qué este trato privilegiado hacia quienes incumplen la normativa mientras se persigue con ahínco al pequeño comercio por cuestiones menores? ¿Por qué se dedican recursos a fotografiar papeleras antes que a solucionar la nefasta aplicación de la tasa de basuras o a intervenir ante actividades manifiestamente ilegales?
Esta actitud no solo es injusta: es peligrosa. Cuando un gobierno actúa con miedo, complacencia o prejuicio ideológico, termina generando un clima donde los que incumplen sienten impunidad y los que cumplen se sienten atacados. Y eso, en Valldoreix, ya ha dejado señales preokupantes. La falta de criterio político y la continua excusa del “no podemos hacer nada” solo alimentan la sensación de abandono de la ciudadanía.
Valldoreix necesita un gobierno que defienda a los vecinos, a los comerciantes y a quienes contribuyen al bienestar de todos. Un gobierno que deje atrás el victimismo político y se sitúe claramente del lado de la legalidad, del orden y de la convivencia, no del lado de quienes deterioran el barrio y ponen en riesgo su seguridad. El Partido Popular reafirma su compromiso con esta visión: proteger a quienes trabajan, escuchar a los que pagan y actúan conforme a la ley y devolver a Valldoreix la seguridad y el respeto que merece. Porque un barrio que castiga a los cumplidores y premia a los infractores está destinado al fracaso; uno que respalda a su gente y actúa con valentía,
