Poco eco mediático – alguna razón habrá … – está teniendo la tramitación en el Parlament de una ley sobre derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales para la erradicación de la homofobia y la transfobia impulsada por los partidos de la izquierda.
Según sus impulsores, el proyecto de ley pretende hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual, garantizando sus derechos y evitar situaciones de discriminación y violencia respecto a este colectivo. Sin embargo, su articulado va mucho más allá – invito al lector a leerlo – y con un componente claramente ideológico impone reglas propias del pensamiento único que hacen de la ideología de género una auténtica moral de de Estado (‘esta ley afecta a todas las áreas de la vida social, tanto en el ámbito público como privado’ art.2.1.a) Varias consideraciones: 1.- Se trata de una ley ad hoc. ¿Por qué se hace ahora una ley específica para los homosexuales – recordemos que Zapatero y el tripartito ya modificaron la legislación – y no se hace una ley que integre a todos los colectivos que sufren marginación en la sociedad, como gitanos, inmigrantes, colectivos discriminados en sus condiciones laborales…? 2.- Se establecen privilegios de tipo político (crea un mini-gobierno dentro de la Generalitat que vele por el cumplimiento de esta ley; obliga a los medios de comunicación a dar siempre un trato positivo al colectivo), económico (presupuesto propio) y laboral (establece cuotas laborales a las empresas públicas y privadas, discriminando a cualquier otro colectivo e incluso estableciendo la inversión de la carga de la prueba, siendo el denunciado y no el denunciante quien debe demostrar su inocencia) 3.- Presenta medidas de corte totalitario que atentan contra el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la educación de los padres (integrar la ideología de género en los currículums de todos los centros educativos) y a la libertad de expresión y establece sanciones a quienes no adecúen su conducta a lo exigido por la ley, incluyendo la suspensión de la actividad de la empresa. En definitiva se trata de una ley injusta. Una cosa es el respeto que toda persona se merece por el solo hecho de ser persona y otra muy diferente que los poderes públicos impongan su ideología sectaria. Ante esta situación, no es de extrañar que la sociedad civil se haya empezado a movilizar contra esta ley que, bajo capa de protección de derechos, constituye una manifestación más de la dictadura del relativismo, del adoctrinamiento ideológico en estado puro. Y es que como decía la ley de Educación para la Ciudadanía, hay que ‘formar las conciencias’…
BRUNO DE SALVADOR
és regidor del PP
